VORTAL CNCE '17

La Unión Europea exige a las instituciones públicas mayor transparencia en materia de contratación. De hecho, obliga a que en 2018 la tramitación de todos los expedientes de licitación de los poderes públicos se haga electrónicamente. En la actualidad, tan solo el 2% de las administraciones públicas españolas utilizan la contratación electrónica. El resto tienen por delante un largo recorrido para actualizarse y poder llegar a los plazos que se les impone.

En este marco, se ha celebrado el 24 de mayo en Madrid el II Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica (CNCE’17,). Más de 60 expertos de la academia y la administración, nacionales e internacionales, han participado en 12 mesas de debate y el mismo número de ponencias. La nueva gobernanza de la Administración Pública, la recién estrenada normativa, el papel de los habilitados nacionales y el de los jefes de servicio, la transparencia e igualdad de trato y la contratación social han sido algunas de la materias que se han tratado. También se han presentado interesantes propuestas tales como la compra pública innovadora (CPI), la contratación en el sector salud, la administración local y las ventajas de la contratación electrónica, así como numerosos casos de estudio.

Todos los ponentes han coincidido en que la licitación pública electrónica es más ágil, eficiente, genera seguridad jurídica y, sobre todo, es un paso definitivo hacia la transparencia y el ahorro público. Precisamente de transparencia ha hablado Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional. Según Lizcano es “el mejor antídoto contra la corrupción. No la resuelve pero si la dificulta o la limita”.

La segunda edición del Congreso Nacional de Contratación Electrónica (CNCES´17) ha supuesto, según José Luís Arístegui, Director General de VORTAL en España, “la consolidación de un congreso que se ha convertido en referente para empresas e instituciones en materia de contratación electrónica”. Todos los ponentes han coincidido en que son muchos los beneficios que supone el uso de plataformas electrónicas de contratación. Entre ellos, que los procesos de adquisición se controlan en todas sus etapas y se puede comprobar el uso de la información y los tiempos en todo momento. Y también porque se reduce sensiblemente la gestión y los costes del proceso. Algo que para Arístegui “abre la oportunidad a pequeñas y medianas empresas a poder presentarse a concurso. Algo impensable hasta ahora”.