Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y su aplicación a la contratación electrónica
La Administración Electrónica, y en este caso la contratación pública electrónica, tiene que mantener en todo momento las mismas garantías de seguridad jurídica de las actuaciones administrativas en papel.
A continuación exponemos algunos puntos que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar/desarrollar una plataforma de licitación pública electrónica:

  • Identificación: No pueda haber ambigüedad a la hora de establecer la identidad de una persona física o jurídica. Tema resuelto con el cumplimiento de la Ley de Firma Electrónica (Ley 56/2007).
  • Autenticación: Debe garantizar fehacientemente la identidad de una persona física o jurídica. Este concepto guarda una estrecha relación con el no repudio (imposibilidad de rechazar la autoría de una determinada acción o documento). La principal herramienta para la autenticación son sistemas de usuario/clave y la firma electrónica. Ambos mecanismos permiten asimismo el no repudio.
  • Integridad: Se refiere a que se puede confiar en que una determinada información, por ejemplo, de un documento electrónico no fue manipulada y corresponde a su estado original. Lo que se consigue con la imposición de los Sellos de Tiempo.
  • Confidencialidad: Guardar el secreto frente a terceros sobre una determinada información, ya sea un documento, comunicación, etc. La herramienta principal para lograr este objetivo es la criptografía.
  • Disponibilidad: Se refiere a la disponibilidad en todo momento de la información y/o servicios. Esto implica servicios de alta disponibilidad 24×7, servidores redundados, centros de respaldo, etc.
  • Trazabilidad: Se refiere a la información histórica que es importante conocer y conservar, ¿qué cambios ha sufrido la información?, ¿quién ha accedido a ella?, etc.
  • Conservación: La correcta conservación y archivo de la información de modo que se encuentre disponible e integra aún después de que hayan pasado largos periodos de tiempo. En el caso de la contratación pública las Administraciones Públicas deben custodiar la información de los concursos durante 5 años.

Estas son sólo algunas de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de evaluar/desarrollar una plataforma de licitación electrónica. Hay otros criterios más técnicos que desarrollaremos más adelante en este blog.